El análisis más reciente de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung sobre la seguridad en la región trae a la mesa un debate que en Panamá no ha despertado aún el interés de los gobiernos.
El Anuario de Seguridad Regional en América Latina y el Caribe registra el fracaso contundente de las políticas contra el narcotráfico y ofrece alternativas novedosas.
De acuerdo al Anuario, los esfuerzos de los gobiernos en Panamá para minimizar los efectos del narcotráfico no han dado los resultados esperados, y aunque en los últimos cinco años se han invertido 17 mil millones en fortalecimiento, equipamiento y tecnificación de las instituciones policiales, de frontera, marítimas y aéreas, el problema se presenta igual o peor. Las estrategias de lucha, sostiene el documento del organismo internacional, no han incidido en la criminalidad que genera las drogas ni atajan las rutas que aseguran el trasiego de las sustancias ilegales a través del istmo centroamericano, y concretamente por Panamá. (Solo durante la administración de Ricardo Martinelli se destinaron en promedio 800 millones anuales para el Ministerio de Seguridad, cifra que no contempla los aportes internacionales o el gasto en equipamiento policial ).
EL FRACASO EN LA LUCHA
A pesar de la gran cantidad de droga decomisada a través de los años (52 toneladas en 2015), en el país no se siente el cambio y la venta, el consumo y el tráfico continúan creciendo, destaca el Anuario.
Por otro lado, en la parte de investigación judicial y represión hay un gran vacío en el procesamiento de los actores principales. Según el documento, solo el 10% de los casos de droga que llegan al Ministerio Público involucran a narcotraficantes. El 90% restante son casos de tenencia simple, lo que no resuelve en nada el problema.
Cifras de la Fiscalía del Crimen Organizado indican que en 2014 se desmantelaron doce pandillas, virtuales enlaces entre los carteles de la droga internacionales. Según el estudio, los jóvenes no son más que la ‘punta del iceberg' de un problema que sobrepasa al sistema de administración de justicia. ‘Las leyes panameñas no llegan a la raíz', sostienen.
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